PILAR ESQINAS, abogada, lleva los últimos años enfocada en investigar y denunciar que en España se esté llevando a cabo un política de desmantelamiento y destrucción de infraestructuras hidráulicas como presas, canalizaciones y embalses con el fin de generar una escasez de agua que justifique la adopción de medidas reguladoras de la misma y encarecimiento de la misma. Llegando al punto en que esta ha empezado su cotización en bolsa en España.
El Gobierno ha destruido 108 barreras fluviales con España en la peor sequía de los últimos 40 años
La Comisión Europea impulsó en el año 2003 la creación de Water Europe, un grupo de presión encargado de asesorar a los Estados miembros y a sus administraciones en lo que ellos llaman «agua inteligente» y que tienen cuatro objetivos: reducir un 50% las fuentes de extracción de agua; agregarle valor como commodity; añadir competitividad al mercado del agua europeo y «garantizar a largo plazo la estabilidad y la sostenibilidad de los acuíferos y las diferentes fuentes de obtención de agua».
Es decir, el patrón es convertir el agua en un bien escaso que motive la incautación de regadíos, la distribución de contadores, el abono de precios libres en función de la oferta y la demanda, así como el necesario cambio cultural español en torno a este recurso, hasta ahora más o menos convencido de la generosidad en su acceso.
Para ello apuestan por «soluciones digitales y modelos de buen gobierno corporativo y de negocio que contribuyan a resolver, con objetivos sostenibles, el desafío de unas sociedades inteligentes en las que los recursos del agua estén plenamente garantizados y su demanda, satisfecha”, afirman en su web.
Water Europe es el ejemplo más claro de eso que se viene a llamar «colaboración público privada», es decir, un grupo de empresas líderes que promueven a una serie de «especialistas» distribuidos en organismos, confederaciones hidrográficas y administraciones públicas y que no se sabe nunca para quién trabajan. Corporaciones punteras como Suez, Veolia, Acciona o Coca-Cola son las empresas que están detrás de este lobby. A principios de 2022, el grupo Veolia, con actividad en los servicios de gestión del agua, gestión de residuos y servicios energéticos, realiza una OPA sobre Suez, pasando a controlar el 86,22% de su accionariado, un porcentaje que se vería incrementado hasta el 95,95%, tras cerrarse su oferta complementaria para hacerse con las acciones que no habían acudido a su OPA inicial. Detrás de Veolia está entre otros The Vanguard Group cuyo mayor accionista es Blackrock.
El paulatino acceso de «empresas gestoras» en las concesiones de agua potable a partir del año 2000 se ha ido naturalizando, y la evolución del sector (que es normalmente el anticipo de las regulaciones por venir) augura un próspero negocio en la «gestión eficiente».
Durante los gobiernos de Jose Luís Rodríguez Zapatero se introdujeron en España profundos cambios en la antigua Ley de Aguas, limitando los derechos e introduciendo el mercado del agua, así como se introdujo el llamado «Plan Hidrológico Nacional» y la Directiva Marco Europea, que fue una silenciosa pero contundente privatización de los recursos hídricos.
El concepto de esta reforma era que recaudando por consumo de agua se repercutirían los ingresos en la mejora de la infraestructura, evitando así los efectos de sequías prolongadas. Y podría pensarse que el objetivo fracasó, pero no es así.
En efecto, se han reducido notablemente las fuentes de extracción y la sequía, entendida ya no como anomalía del clima, sino como concepto político, se ha instalado en la población española, y la idea del «racionamiento», la «gestión eficiente» (de pago) y los «límites de acceso» están cada vez más asumidos.
Franklin Roosvelt definió al dictador nicaragüense Anastasio Somoza como «nuestro hijo de puta, trabaja para nosotros». Quienes diseñaron esta política hídrica son los hijos de puta que están haciendo cola en los despachos oficiales para llevarse alguna concesión hídrica o de infraestructura, y que seguramente fueron los que colocaron a otros como ellos a cargo de esos despachos.
Los efectos de esa sequía políticamente inducida los estamos viendo en el precio de los alimentos y en todo aquello que repercute en el bienestar general, que ya no es general, sino de pago. Y animamos a los lectores a que busquen en sus municipios quienes serán los encargados de «gestionar» el racionamiento hídrico previsto para este verano.
La sequía española es la gran oportunidad de los hijos de puta
Y como siempre los grandes fondos de inversión manejados por gente del pueblo elegido son los que están detrás de todo este robo a nivel global:
conspiracionpirata 
Magnífico artículo. El problema es que el ciudadano medio se lo crea, porque con la «escasez» que le han inoculado tras la inoculación coronavírica, ya nadie se da cuénta de dónde está de pie, quién es el lobo y quién el cordero.